12-11-2025

Nada va a cambiar para los colegios privados de Olavarría

El Gobierno nacional dispuso la eliminación del sistema de control estatal, sin embargo el 70% de los establecimientos de Provincia continuarán con los topes arancelarios.

“No cambia nada, sigue todo igual. Es un título engañoso, porque sólo se deroga una norma nacional que prácticamente había quedado en desuso” certificó este miércoles a la mañana una fuente de los colegios privados de Olavarría, ante la noticia de que el Gobierno Nacional “desregula los aranceles de los colegios privados y podrán fijar cuotas sin autorización”.

Según la noticia difundida este martes, el Gobierno dispuso la eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles que cobran los colegios privados, al derogar un decreto que regulaba desde 1993 el vínculo entre el Estado y los institutos de enseñanza de gestión privada en todo el país. Y esa decisión, podría impactar en el ciclo 2026.

Ante la repercusión de esta decisión, la Dirección General de Cultura y Educación (Dgcye) de la Provincia aclaró que las instituciones educativas privadas con aporte estatal, que constituyen más del 70% en la provincia de Buenos Aires, continuarán con sus topes arancelarios sujetos a la supervisión y autorización justamente de la Dirección General, de acuerdo con la normativa provincial vigente.

En el caso de las instituciones sin aporte estatal, el nuevo decreto -aclararon desde el gobierno bonaerense- los exime de la regulación anterior, que consistía en la obligación de informar a autoridades y familias sobre matrícula, monto de aranceles y cantidad de cuotas, que regirían el año siguiente.

El Decreto 787/2025 de la administración que encabeza Javier Mile, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso la derogación del Decreto 2417/1993, que tenía como objetivo establecer una serie de pautas para las escuelas privadas.

La medida implica un cambio en el esquema de control estatal sobre los precios de las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados, al eliminar la obligación de comunicar anticipadamente los montos y de obtener autorización previa para cualquier modificación.

Según los fundamentos oficiales, la norma derogada “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”.

El texto argumenta que el régimen vigente respondía a una época en la que la educación estaba bajo administración nacional y que, con el traspaso de competencias a las provincias, era necesario “revisar el marco normativo existente” para promover “un entorno más propicio” para la gestión de los establecimientos privados.