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20-08-2019

Una de cada cuatro causas penales es por drogas para uso personal

Aumentaron un 23%, pese a que la Corte Suprema declaró inconstitucional ese procedimiento. Se estima que cada una de estas causas implica una inversión de 10 mil pesos y terminan archivadas.

 

El Defensor del Pueblo adjunto, Walter Martello, precisó que una de cada cuatro causas por drogas abiertas en la provincia es por tenencia para uso personal. Según la información oficial de la Procuración de la Corte bonaerense, en 2018 se iniciaron en promedio 22 expedientes diarios por este motivo. Es decir que las causas penales por tenencia de drogas para consumo personal aumentaron un 23% en dos años, pese a que hace más de 10 años la Corte Suprema declaró inconstitucional el procedimiento.

 

El 25 de agosto de 2009 la Corte Suprema declaró inconstitucional el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes (23.737), que penalizaba la tenencia de drogas, siempre y cuando se demuestre que es para consumo personal y no afecte a terceros. Sin embargo, el fallo solo se aplica para el denominado "Caso Arriola", ya que para universalizar su alcance es necesario que el Congreso corrija la legislación, adecuándola a la medida judicial.

 

En este escenario, según el informe presentado por Martello destaca que Necochea es el departamento judicial en el que se tramita el mayor porcentaje de causas por tenencia de drogas, seguido por San Nicolás, Trenque Lauquen y Azul. En Necochea, el titular del Tribunal en lo Criminal N° 1 y actual presidente la Asociación de Pensamiento Penal, Mario Juliano, denunció la realización de 600 requisas policiales contra jóvenes de la zona, y aseguró que el 85% de los casos corresponde a la tenencia para consumo personal. El magistrado estimó que la apertura de cada una de estas causas implica una inversión de no menos $ 10.000 y terminan en el archivo.

 

En su informe, Juliano destacó que "la casi totalidad de los procedimientos se encuentran relacionados con la marihuana", y aseguró que en promedio se secuestran unos 4 gramos de esa sustancia, a personas que "en su inmensa mayoría, son menores de 25 años". Además, señaló que "una mera estimación de los recursos materiales públicos utilizados para llevar a cabo estos procedimientos (sueldos policiales, judiciales, papelería, combustible, reactivos) arroja un costo aproximado de $ 10.000 por procedimiento".
 

Fuente: DIB

 

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