Funcionarios implicados y transparencia: los motivos por los cuales el Municipio no debería ser particular damnificado

En la investigación de la "Causa Terrenos" se encuentran mencionados miembros del Ejecutivo local que habrían participado en las múltiples estafas. Califican el pedido al Juez como “absurdo”.

El secretario de Legal y Técnica del Municipio, Marcelo Fabbi, es por estos días el apoderado del Municipio que designó el Intendente para intervenir en la causa de las estafas con terrenos. Su primer movimiento fue solicitar el rol de “particular damnificado” al juez de Garantías Carlos Villamarín. Pero por diferentes razones este rol que el Ejecutivo quiere ocupar es paradójico con el propósito de esclarecer la situación.

La transparencia que debe caracterizar a la administración pública y la división de poderes que impera en nuestro sistema aparecen como el principal obstáculo para la pretensión del Municipio, envuelto en este escándalo. Desde el ámbito judicial consideran “realmente absurdo” que se intente una constitución en carácter de particular damnificado cuando las víctimas han vinculado a miembros del poder ejecutivo local como parte de las maniobras engañosas.

Efectivamente, en la investigación se encuentran mencionados funcionarios municipales y allegados al poder que habrían participado en las múltiples estafas que son objeto de la pesquisa.

En todo caso el Municipio, en aras de colaborar con el proceso, tiene que suspender a aquellas personas vinculadas de alguna manera -solo lo hizo con el asesor Mariano Ciancio- hasta que se esclarezca la cuestión.

Una fuente judicial consultada por Verte argumenta por qué el Municipio no debería ser particular damnificado:

“La forma de gobierno republicana es clara y se basa en la división, control y equilibrio entre los tres poderes: El Poder Legislativo que hace las leyes; el Poder Ejecutivo que ejecuta las leyes; y el Poder Judicial que interpreta las leyes y las hace cumplir a través de sus sentencias. El ministerio Público Fiscal ejerce la acción pública y en el marco de este proceso se intenta que el ente que ha cobijado a posibles estafadores, a funcionarios que posiblemente sean corruptos y hayan sacado provecho de su posición, adquiera un rol similar al de quien debe velar por la persecución, juzgamiento y condena de los ilícitos”.

“El deseo de ser investigador e investigado (de forma indirecta, dado que miembros de la institución podrían estar implicados en las estafas) no es más que un intento de aparentar una desvinculación en relación al proceso”.

“Si el Intendente ha incurrido en algún yerro al seleccionar a sus funcionarios o empleados, la solución no es otra que apartarlos del cargo hasta que la cuestión se dilucide” completa.

En la investigación por la venta ilegal de terrenos se encuentran involucrados distintos funcionarios de la Municipalidad de Olavarría, lo que de forma directa e indirecta afecta al intendente Galli, que se pretende desde dicho rol investigarse a sí mismo, y esto “es realmente absurdo” según diversas fuentes judiciales.

Los motivos desarrollados demuestran que el principio de objetividad que debe regir sobre el actuar del Ministerio Público Fiscal se encuentra cercenado por la pretensión del Municipio, evidentemente impactado por una causa que recién comienza y donde es objeto de investigación.