Impunidad y corrupción, un nuevo capítulo

Los antivalores se apropiaron de la escena y esta semana se hizo evidente. Se vio a un cómplice al que parece que le soltaron la mano y a fiscales ocupados en justificar demoras en una causa escandalosa.

(foto:captura de video)

La semana que termina nos obliga a hacer un análisis de lo ocurrido en Olavarría. El primer día hábil del año instaló nuevamente en la agenda pública la causa penal de las estafas con terrenos, ya que uno de los imputados, Claudio Ariel Peralta, se encerró armado en un kiosco y pidió la presencia de los medios y de un fiscal.

Ninguna de las cosas le fue concedida. Lo rodearon de policías, inclusive hasta funcionarios municipales se acercaron, y tras 4 horas lograron sacarlo del lugar y derivarlo al Hospital Municipal de Hinojo, especializado en Salud Mental.

¿Por qué no le concedieron hablar con los medios y por qué los periodistas fueron apartados e incluso alejados de la escena, primero a 50 metros y luego a 100, para que la cobertura mostrara lo menos posible?

¿Por qué el fiscal que debía aparecer tampoco lo hizo ante el pedido de Peralta? ¿Quién dio la orden de internarlo?

Al otro día, a través de notas en distintos medios, la estrategia de la justicia fue correr el eje. Se habló de una coacción hacia Serrano y en tiempo récord abrió una causa mientras otra espera hace más de un año. Esa coacción, se habría llevado a cabo a través de una carta anónima que no fue difundida públicamente ni había sido mencionada hasta este martes.

Los funcionarios judiciales alegaron que el trámite de la causa está dentro de los tiempos procesales apropiados. Sin embargo, cuesta entender por qué hasta el momento no se tomó una declaración indagatoria a ninguno de los 4 imputados, cosa que en otros casos sí se hubiera realizado. Tampoco hay dictada ninguna prisión preventiva.

Otra duda que surge es por qué razón nunca se utilizó la figura del arrepentido, algo que se había pedido en el comienzo del proceso por parte de la defensa de Peralta y no se concretó. Y hay más: ¿qué pasó en los últimos días para que Peralta tuviera la reacción que tuvo? Y no se puede pensar en otra cosa: le soltaron la mano.

A propósito de la investigación de las estafas con terrenos, Verte pudo confirmar que los hechos que la originaron se iniciaron en el año 2019, coincidentemente con el desplazamiento del área de Catastro de una persona que se desempeñaba en el sector desde hacía 30 años y con la puesta en marcha de la campaña electoral. Éste y otros hechos demuestran que esta gestión tomó decisiones para ejecutar actos de corrupción y asegurarse la impunidad.

Estamos ante una causa que es histórica en Olavarría, comparable con pocos casos, y que terminará revelando connivencia entre distintas esferas del poder. Funcionarios del ámbito ejecutivo, judiciales y policiales.

La impunidad aparece como principal sostén del edificio del gobierno local. Ojalá en pocas semanas aparezcan las novedades que le importan a la sociedad y no primen los intereses del poder.