Alerta por el costo macroeconómico y social de frenar la obra pública

El titular de la Cámara Argentina de la Construcción pidió que “los contratos de obra pública en curso deben ser respetados” y habló de 200 mil empleos en juego. Los efectos en Olavarría.

Al momento que el presidente electo Javier Milei anunció el freno para la obra pública se encontraban en vigencia 1.408 contratos con avances de obra superiores al 60%, entre ellos varias en el partido de Olavarría, como la remodelación y ampliación en la Facultad de Ciencias de la Salud, el “Cruce Seguro” entre la Ruta 226, el camino de acceso a Sierras Bayas e inversiones en las facultades de Ingeniería y Ciencias Sociales.

Una medida de este tipo además generaría un fuerte impacto negativo en un polo cementero como Olavarría, en sus empleos directos que promueve la actividad minera, las empresas satélites que trabajan en torno de las grandes fábricas y la indispensable masa de dinero que ingresa año tras año a las arcas municipales por el “Derecho de explotación de canteras”.

El anuncio del dirigente libertario pondría en peligro además cerca de 200 mil empleos. Ante semejante panorama el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) Gustavo Weiss pidió que “los contratos de obra pública en curso deben ser respetados”.

Weiss, en declaraciones reproducidas por “Ambito”, reconoció que la actividad de la construcción “está descendiendo sensiblemente” y más en la última semana ante declaraciones el presidente electo Javier Milei en cuanto a que "no hay más plata" para financiar los proyectos de obras y la ejecución en marcha.

“Existen tipos de obra en que la iniciativa y el financiamiento privado es posible y deseable”. Sin embargo, advirtió que “esos contratos de inversión privada no significaron más del 17% de la inversión total en infraestructura en el mundo: es decir el 83% fue inversión pública en infraestructura pública”.

“Estimamos que existen 3.500 contratos vigentes, que son realizados por alrededor de 1.300 empresas, la mayoría PyMEs de todo el país, que ocupan más de 200.000 empleos registrados directos” identificó Weiss.

“No disponemos aun de datos oficiales, pero información de nuestros asociados y datos de consumo de materiales en octubre señalan que el nivel de actividad está descendiendo sensiblemente. Esto se agravó en la última semana, ante declaraciones del presidente Electo sobre cambios sustanciales en la futura política de inversión en obra pública” resaltó el dirigente empresario.

Sobre el ánimo del sector, Weiss señaló que “luego de las declaraciones del presidente electo seguramente contestarían que el nivel de actividad descenderá abruptamente desde este mismo mes, pues debe considerarse que la obra pública ejecutada hoy es cobrada dentro de 2 o 3 meses, cuando ‘no habrá plata’ para pagarla, por lo que el empresario tratará de minimizar el perjuicio de haber erogado, para trabajar, ahora, y no recuperar esos montos en los próximos meses”.

A nivel nacional se conoce que existe deuda devengada (es decir, contabilizada luego de ser inspeccionada y aprobada) e impaga de $ 160.000 millones.

Consultado sobre uno de los dogmas del presidente electo, que campaña venía adelantando que las obras públicas “van a tener que ser hechas por iniciativas privadas” y las obras públicas que ya están comenzadas serán licitadas nuevamente “para que las haga en sector privado” Weiss marcó que “existen tipos de obra en que la iniciativa y el financiamiento privado es posible y deseable, pues acelera la provisión de los servicios de infraestructura que el país necesita para crecer y para dar servicios a la comunidad”.

“Entendemos que los contratos en curso deben ser respetados, como declaró el presidente electo, con estricto apego al principio de continuidad del Estado. El respeto a ese principio será seguramente exigido por los potenciales inversores pues estos verán los resultados de sus inversiones, durante el lapso de varias administraciones publicas sucesivas, dado el largo ciclo de ejecución, operación y repago de ese tipo de inversiones” manifestó el titular de CAMARCO.

Según los datos manejados por Weiss a nivel nacional el Ministerio de Obras Publicas informa en su aplicación “Mapainversiones” que ejecuta actualmente 2.825 obras en todo el país y tiene 612 proyectos en distinto grado de avance. Esto no incluye las obras de Vivienda, ni las de Energía, Transporte y Educación realizadas por otros ministerios
Mapainversiones informa además que 1.408 contratos tienen avances físicos superiores al 60 %.

“Paralizar cualquier obra significa un costo social explícito por los empleos perdidos, por la actividad derivada disminuida, en particular la local y un efecto de menor recaudación fiscal devengada por toda la cadena de valor. Pero además tiene un alto costo directo por las desmovilizaciones, obradores abandonados, deterioro de lo construido. Además, implica postergar la prestación del servicio al que la obra está destinada, que tiene también un costo macroeconómico y social” alertó.

En una proyección de la información del Mapainversiones existen en el orden de 3.500 contratos vigentes, que son realizados por alrededor de 1.300 empresas, la mayoría PyMEs de todo el país, que ocupan más de 200.000 empleos registrados directos. Las obras generan además alrededor de 160.000 empleos indirectos (80%).

“Los más afectados serían los trabajadores de la construcción, los empleados de las empresas constructoras y luego las propias empresas. El daño será mayor en las empresas constructoras PyMEs del interior del país que realizan obra de vivienda social y de sus redes de servicios públicos, en mercados donde la alternativa de inversión privada es inexistente” advirtió.

En los últimos años los contratos de inversión privada no significaron más del 17 % de la inversión total en infraestructura en el mundo. Es decir que el 83 % fue inversión pública en infraestructura pública.

Esa inversión pública es muy importante -superior a la concretada en Argentina- aun en los países de política más liberal del mundo como Singapur, Hong Kong, Suiza, Dinamarca- También en algunos países cercanos, usados como ejemplos de promoción de la inversión privada, como Chile y Perú.