Un tasador trabajó estos dos días en el edificio de El Popular

Encabezados por Gabriela Weisburd, síndico de la quiebra, un martillero, un auxiliar de Justicia y un ex empleado estuvieron jueves y viernes en el inmueble de Vicente López 2626.

La síndica de la quiebra Gabriela Weisburd, junto con un martillero, un auxiliar de Justicia y un ex empleado autorizado en el expediente que tramita la causa por la desaparición del centeneario multimedio olavarriense El Popular visitaron jueves y viernes el edificio de Vicente López 2626.

La misma Weisburd, ante la consulta de este medio, certificó que la visita fue para hacer una tasación de mobiliario y el instrumental que se encuentran dentro del inmueble para su posterior venta.

La labor se realizó a lo largo de toda la mañana del jueves, por espacio de unas cuatro horas, y este viernes se vio ingresar a quien se supone es el tasador para continuar con la labor.

“Es para poner a la venta las cosas que están en el interior” dijo la contadora Weisburd y consultada sobre la posibilidad que el histórico edificio corra la misma suerte, respondió “para eso falta bastante aún”.

El 28 de junio de 2023, la jueza María Hilda Galdós, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial 2, dictó la quiebra para la empresa El Popular S.A., a raíz de un pedido formulado por un acreedor con fecha 8 de mayo.

En enero pasado se presentó el informe general en el marco del proceso de quiebra y en virtud de lo que dispone la Ley de Concursos y Quiebras.

En el dossier la síndica analiza las causas del desequilibrio económico, se refiere también a la composición del activo y del pasivo, enumera los libros de contabilidad y hace un estudio del deudor en los registros correspondientes, así también se remonta al momento en el que se produjo la cesación de pagos de la empresa.

El informe de la profesional se extiende a lo largo de más de 40 capítulos, donde repasa las vicisitudes de la sociedad anónima y las decisiones de los responsables que llevaron a una situación de insolvencia de la empresa de multimedios de 124 años que en ese momento contaba con alrededor de 60 empleados.

El texto, al que tuvo acceso Verte, se remonta a varios años atrás, cuando por citar, en julio de 2011, los balances mensuales arrojaron déficit y se decidió no otorgar los aumentos salariales correspondientes a los trabajadores nucleados en los distintos gremios. En esa acta, ya se refiere una “situación económica complicada”.

Al momento de evaluar los poderes generales de administración otorgados a miembros del directorio de la sociedad, usa las figuras de “testaferro”, “socio oculto” y “lavado de activos”.

Cita para este punto lo que dispone la ley 27.244, donde se establece que las facultades de administración están reservadas en forma exclusiva al directorio, siendo indelegables. Señala entonces Weisburd en su informe: “Se repite, en cuanto a El Popular, esta corruptela de instalar la administración real de la sociedad, en cabeza de terceros, con el boleto de compraventa de acciones de 21 de septiembre de 2022”.