Catastro sigue bajo la lupa: cuatro empleados sumariados

Tras detectar que habrían ingresado al sistema para modificar datos de contribuyentes y hacer que dejaran de tributar en ciertas categorías, se hizo una auditoría. No descartan que aparezcan más casos.

Con la publicación del Boletín Oficial correspondiente al mes de marzo, se conocieron detalles de un sumario administrativo iniciado por la gestión Wesner a cuatro trabajadores de la Dirección de Catastro, a través del decreto 638 (foto).

Se trata de Franco Omar Cabri, Juan Francisco Rivero, Ricardo Norberto Olguín y Micaela Stivanil, quienes, presumiblemente, utilizaron los usuarios que les son adjudicados en el sistema RAFAM -propio de la administración pública- para manipular datos e introducir modificaciones que derivaron en algún “beneficio” para determinados contribuyentes.

Se cita en los considerandos del decreto que con el usuario de Franco Cabri, se encontró que se modificó la vigencia del recurso a “no vigente”, lo que resultó en el hecho de que la cuenta del contribuyente -el mismo Cabri- dejara de liquidar la Tasa de Servicios Urbanos a partir del 29 de enero en adelante.

Luego de esa constatación, desde el área de Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos a cargo del Ingeniero Orfel Fariña, se solicitó a la Dirección de Catastro “un informe sobre posibles situaciones similares por parte de los que desempeñan funciones en dicha Dirección desde el año 2020 a la fecha”.

Siempre de acuerdo al texto del decreto, de esa auditoría, surge que tres usuarios del sistema correspondientes a los trabajadores Micaela Stivani, Juan Francisco Rivero y Ricardo Norberto Olguín, “han efectuado movimientos en el sistema Rafam relacionado con rodados y cementerio, actividad que no está dentro de la competencia de la Dirección de Catastro”.

Rivero fue candidato a concejal por el espacio de “Juntos por el Cambio” en las últimas elecciones, en el séptimo lugar de la nómina. En la primera gestión de Galli había sido Director del área de Juventudes.

Mencionan como dato a considerar, que tanto Olguin como Stivanil ya fueron objeto de una investigación previa, por, presuntamente, “suministrar información confidencial del Municipio”. Agregan además que esa imputación en su contra fue desestimada por decreto 4951/23 de la gestión de Ezequiel Galli.

Advierten, sin embargo, que de haberse impuesto un procedimiento diferente al del sumario administrativo, se hubiera podido investigar con mayores elementos la conducta imputada. Añaden que el hecho “establece un antecedente relevante en su historial laboral”.

Se explica entonces que ante lo denunciado, existiendo, en principio, graves incumplimientos a la Ley N° 14.656, “se impone la exigencia de dar inmediato inicio al sumario administrativo para determinar la existencia o inexistencia de actos o conductas de los agentes municipales”. Cabe agregar que además de configurar una falta a los deberes como trabajadores, se trata de maniobras que derivan en un daño al erario municipal.

Según pudo averiguar Verte, transcurridos cuatro meses de vigencia del decreto que dispone la iniciación del sumario, las personas están trabajando porque el sumario aún está en proceso, no se cerró. Se supo además, que las maniobras realizadas a través del RAFAM eran diversas: o se cargaba una exención a la tasa, se cambiaban los datos al inmueble o al automotor para que dejaran de tributar.

En algunos casos, como el citado de Cabri, se trata de bienes propios, en otros casos de familiares directos y en otro, de terceros.

El resultado de este sumario será remitido también a la justicia que aún tramita la denominada “Causa Terrenos”. Reviste especial interés dado que se trata de una práctica que podría remontarse años atrás, cuando, presumiblemente, de la propia oficina de Catastro se proporcionaban datos de interés para las operaciones inmobiliarias que derivaron en estafas.

El sumario a estos cuatro trabajadores está por resolverse, pero trascendió que se iniciará una investigación hacia otro empleado municipal en virtud de lo detectado a través del proceso de auditoría. En este caso se trata de una persona que ejecutaría maniobras para favorecer a terceros y que se desempeña en otra área del Municipio.