Indignación por los dichos utilizados por el Gobierno

Docentes que trabajan con discapacidad en Olavarría rechazaron los términos empleados en una resolución de la ANDIS que endurecerá los criterios para acceder a las pensiones.

Docentes que trabajan la temática de la discapacidad coincidieron en un enfático repudio a los términos utilizados por el Gobierno Nacional en una resolución de la ANDIS cuyo propósito es endurecer los criterios para acceder a las pensiones.

En el texto aparecen vocablos para definir a las personas con discapacidad intelectual como “idiotas”, “débil mental”, “imbécil” y “retardado”, que dejaron de utilizarse desde hace décadas por su connotación negativa y discriminatoria.

Julia Rivas, directora del Centro de Formación Integral, sostuvo que “con esto retrocedemos un montón y nos encontramos en un discurso que marca un posicionamiento de hace 100 años”.
“Venimos trabajando sistemáticamente con revertir y que los estudiantes con discapacidad accedan a todos sus derechos. Entre estos derechos está nombrarlos como corresponde” dijo.

En cuanto a la medida que dio lugar a estas calificaciones expresó que “sobre los cambios que se implementan todavía no hay una comunicación o no hay un reclamo por parte de las familias o de los estudiantes hasta el momento, pero esto va a venir a generar muchas más barreras respecto al acceso de los certificados únicos de discapacidad”.

En tal sentido, estimó que “habrá que empezar a trabajar sistemáticamente en informar a las familias de qué manera pueden empezar a reclamar por sus derechos”.

También se manifestó Antonio Díaz, director de la Escuela Casa de María que forma parte del Grupo Ilusiones: “Quiero creer e intentar comprender que se trató de un error garrafal, porque son términos que dejamos de utilizar hace más de 30 años y atrasa todo lo que se viene trabajando y mejorando sobre la educación especial”.

“Va, además, en contra de las líneas que venimos trabajando a nivel provincial. Todo lo contrario a los avances en la terminología y a la rotulación de las diferentes discapacidades para retroceder a años palabras que eran altamente despectivas hacia las personas” consideró.

“En su momento -recordó- se utilizaban como insultos, por eso intento convencerme que se trata de un error muy grave. Estúpido, idiota, marmota, son todas terminologías que desprender de la vieja escuela, o de las viejas políticas que intentaban encuadrar a las discapacidades”.

Marcela Gago es asistente educacional como parte del equipo técnico del Instituto de Enseñanza Oral (Ideo) y también expuso un alto nivel de indignación y admitió que cuando tuvo un primer contacto con la información a través de redes sociales pensó que se trataba de una fake news para crear caos.

“Son palabras que no se deben usar nunca para una persona o para nombrar una discapacidad. Son terribles, ofensivas, en un momento que estamos trabajando con la inclusión, con la igualdad. Recurrir a esta terminología es horrible” rechazó.

Admitió un sentimiento “de bronca, porque no entiendo el justificativo de poner el nombre de ‘idiota’ o ‘imbécil’ para abordar un lineamiento sobre discapacidad”.

“Lo grave es que haya salido desde el Estado y nos preguntábamos con el equipo cuál es la necesidad de crear todo este conflicto y este malestar con esta terminología que ofende para sacar pensiones. Está bien si quieren hacer un revalúo, pero no así” acotó.

“Hay un montón de agrupaciones de padres que se han unido para trabajar por la inclusión, por la igualdad, que se van relacionando y llegar esto” planteó.

Marcela también expresó su molestia porque una comunicación de esta gravedad “no ha tenido en los medios el tratamiento que debería”.

Por su parte, Graciela Mendoza (directora de Corim) opinó que “se trata de una nueva vulneración más a los derechos de las personas con discapacidad, a lo que han hecho los padres y asociaciones para adquirir nuevos espacios. Es un desconocimiento de la terminología y de los derechos adquiridos en los últimos tiempos”.

“Las barreras no están en estas personas con discapacidad, sino justamente en su contexto social que no los contempla y en esta desinformación” rechazó.

“Son términos obsoletos. Son sujetos de derecho que deben ser llamados por su nombre y no con estas caracterizaciones que aparecieron en el documento y que por suerte aparecieron en las redes muchos actores que obligaron a sacar estos términos” celebró.

“Si van a utilizar estas caracterizaciones para seguir recortando derechos, como pensiones, tendremos que salir quienes estamos acompañando a estas familias para lograr lo que ellos necesitan” advirtió la directora de Corim.