01-05-2025

Otro aporte sobre el paraguas que protege al Club Loma Negra

A raíz del fallo laboral contra el club Loma Negra, el abogado Amílcar Dirazar hizo un análisis de la tutela legal de salvataje de entidades deportivas.

Por el Dr. Amílcar Dirazar


Hemos conocido recientemente un fallo del Tribunal de Trabajo local, (Expte. Nº OL-1066-2023) que por mayoría condenó al Club Loma Negra a pagar una importante indemnización por despido de un trabajador, que ha puesto en serio riesgo la continuidad de la actividad institucional.

El pronunciamiento no hizo lugar a la condena solidaria contra la empresa Loma Negra CIASA. No obstante que el mismo Tribunal (también por mayoría y distinta integración) poco tiempo antes había condenado a la empresa en juicio similar por despido de un trabajador del Club (Exp. 1067/2023).

No es motivo de estas reflexiones comentar la sentencia,que será motivo de consideración definitiva por la Suprema Corte de Justicia Provincial, a fines de la presente década estimativamente... sino indagar sobre dos aspectos que,desde lo estrictamente jurídico,y desde la naturaleza y función social de las entidades deportivas, deben ser conocidos para que todos aquellos que tengamos la intención de preservar el quehacer comunitario de las mismas podamos contar con elementos ciertos para canalizar apoyos y esfuerzos compartidos, a partir de que es indiscutible que cumplen una función transcendente en materia social, educativa y cultural, siendo deber de todo ciudadano preservarlas y bregar por su desarrollo y crecimiento sostenido.

1. En dicho entendimiento,comenzaré por tratar una cuestión que aparecería “prima facie" como contraria al sentido común,cual es el pretenso criterio diverso del Tribunal para decidir en casos análogos, en uno condenando a la empresa Loma Negral CIASA, en el otro eximiéndola de responsabilidad, lo que me llevar a abordar la doctrina de los actos propios,creación pretoriana del Alto Tribunal de la Nación, y de los distintos Tribunales Superiores de las Provincias, demás Tribunales de grado, y Juzgados inferiores, todo ello a partir de que la mencionada empresa,tal como se ha acreditado en estos juicios, celebró, homologó judicialmente ante este mismo Tribunal de Trabajo, y abonó acuerdos conciliatorios por el despido de otros empleados del Club(" Exp. 4337/22 ).-

 * La Corte Nacional ha sostenido reiteradamente que el voluntario sometimiento de los interesados a un régimen jurídico, sin expresa reserva, determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional (Fallos: 149:137; 170:12; 175:262; 184:361; 202:284; 205:165; 241:162; 271:183; 297:236; 300:147; 304:1180; 316:1802; 322:523; 325:1922, entre muchos otros);también afirmó que las garantías atinentes a la propiedad privada pueden ser renunciadas por los particulares expresa o tácitamente, y que ello sucede cuando el interesado realiza actos que, según sus propias manifestaciones o el significado que se atribuya a su conducta, importan acatamiento de las disposiciones susceptibles de agraviar a dichas garantías (Fallos: 255:216); y en tal orden de ideas, concluyó en que no puede peticionar y obtener el ejercicio del control judicial de la constitucionalidad de las leyes el particular que antes de la iniciación del juicio renunció al derecho que alega (Fallos: 249:51).

La Corte Suprema expresó que la doctrina de los actos propios -construida sobre una base primordialmente ética- sirve para descalificar ciertos actos que contradicen otros anteriores en tanto una solución opuesta importaría restar trascendencia a conductas que son jurídicamente relevantes y plenamente eficaces , regla que gobierna tanto el ejercicio de los derechos como la ejecución de los contratos (arts. 1071 y 1198 del Código Civil derogado) y es aplicable por igual en el campo del derecho privado y en el del derecho administrativo (Fallos: 325:2935; 323:3035; 321:2530). Esta doctrina descansa en el principio cardinal de la buena fe que informa y fundamenta todo nuestro ordenamiento jurídico, tanto público como privado, y que condiciona, especialmente, la validez del actuar estatal, deriva la doctrina de los actos propios según la cual no es lícito hacer valer un derecho en contradicción con la anterior conducta, pues la buena fe impone un deber de coherencia del comportamiento, que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever (Fallos: 338:161.

En en el mismo sentido,la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (ver por todas,causa L 77021 del 16.06.2004),ha sostenido que “…La doctrina de los propios actos deriva del inexcusable deber que pesa sobre los sujetos del proceso de obrar con buena fe, y según ella está vedado desplegar una actividad procesal incompatible con otra anterior, que por su trascendencia y eficacia ha permitido despertar en otro ciertas y fundadas expectativas. La confianza que se ha generado con el propio obrar no puede ser traicionada…. lo que equivale a sostener que resulta inadmisible una pretensión que importe ponerse en contradicción con una conducta previa, deliberada y consciente, en tanto ésta resulte jurídicamente relevante y plenamente eficaz (así lo lleva dicho esta Corte: causas Ac. 69.603, sent. del 2-II-2000; Ac. 78.497, sent. del 12-IX-2001; Ac. 76.128, sent. del 15-V-2002, por citar solamente los más recientes pronunciamientos en los que el suscrito tuvo intervención).

A Manera de Primer Colofón. - Hemos explicado en lo sustancial este instituto rector del Derecho, deliberadamente sin emitir opinión subjetiva de tal manera que el lector haga su propio análisis, será la Justicia, mediante la recta interpretación y aplicación de la ley la que decida en definitiva la suerte de este litigio con implicancias sociales y comunitarias, asegurando una solución coherente con el sistema jurídico integral, cuyas reglas es preciso armonizar sin dejar de enfocarse en las posibles repercusiones futuras de la solución (elemento consecuencialista) (“Serantes Peña, Diego Manuel” - Fallos: 344:2601-, voto del juez Lorenzetti). Lo expuesto, abre el interrogante del camino que abordará la Corte Bonaerense al analizar los recursos extraordinarios deducidos por las partes, constituyendo a mi criterio la principal cuestión fundante para tomar una decisión ajustada a derecho y razonable, de la cual dependerá,nada más y nada menos, la continuidad institucional de unos de los clubes históricos de nuestra ciudad.
 

2. La ley de Salvataje de Entidades Deportivas 25284 es una norma concursal especial de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas, también conocida como “Ley Racing”, sancionada y promulgada en julio del año 2000, por cuanto en su momento fue el salvavidas para el club de Avellaneda.
 

La realidad es que fueron muchos los clubes que se acogieron a dicha norma y pudieron superar sus dificultades económicas.

Uno de los principales objetivos que tuvo el legislador en aquel entonces fue brindar a los clubes deportivos de nuestro país una alternativa legal diferente a la ley de Concursos y Quiebras (LCQ), teniendo principalmente en cuenta su naturaleza jurídica, la actividad económica que desarrollan y las necesidades especiales que las mencionadas entidades pueden llegar a afrontar en circunstancias de este tipo.

La realidad es que muchos de los clubes deportivos argentinos se encuentran hace ya varios años en un complejo y generalizado estado de dificultad económica, no sólo por las circunstancias en las que el país está inmerso hace bastante tiempo, sino por la propia naturaleza de los negocios y actividades que estas entidades realizan de manera habitual
En este orden de ideas, la LSED propone un tratamiento de la temática lo más integral posible, particularmente, en su artículo 2° se exponen los objetivos buscados por medio de esta ley, a saber:

a) Proteger el deporte como derecho social.

b) Continuar las actividades que desarrollan las entidades referidas en el artículo precedente, a los efectos de generar ingresos genuinos en beneficio de los acreedores y trabajadores de las mismas, mediante un accionar prudente y económicamente sustentable.

c) Sanear el pasivo mediante una administración fiduciaria proba, idónea, profesional y controlada judicialmente.

d) Garantizar los derechos de los acreedores a la percepción de sus créditos.

e) Superar el estado de insolvencia.

f) Recobrar el normal desempeño institucional de la entidad.

Como se puede observar, el legislador busca armonizar no sólo factores de tipo económico, como son la continuidad en las actividades realizadas por las entidades y garantizar los derechos de acreedores y trabajadores, sino también factores sociales, como es reconocer al deporte como un derecho social.

Se puede afirmar entonces que, atendiendo al fenómeno del deporte en Argentina y su evidente injerencia en múltiples planos -social, económico, político- el legislador consideró necesaria la creación y consecuente sanción de una norma “a medida” para los clubes deportivos nacionales, a fin de que en circunstancias de dificultad económica estos cuenten con una alternativa más adecuada que la tradicional vía concursal argentina.

Aquí es donde debemos situarnos en la realidad de las entidades locales, de carácter amateur, con pocos socios y con dirigentes no profesionales, de todas maneras consituye la principal herramienta, segura y eficaz para canalizar los apoyos que pudieren brindarse, en caso de ser necesario.

Para el sostenimiento del Club Loma Negra, encuadra perfectamente en su artículo 1 que dice “(…) quedan sujetas a las disposiciones de la presente ley, las asociaciones civiles de primer grado con personería jurídica, cualquiera sea la denominación que adopten, cuyo objeto sea el desarrollo de la práctica deportiva en cualquiera de sus modalidades, con quiebras decretadas y no mediando el supuesto previsto en el Título III, Capítulo VIII, Sección II de la Ley 24.522 (…), siendo este último el caso de clausura de la quiebra por falta de activo”.

De este modo, a partir del objeto social es que el legislador diferencia entre la aplicación de una norma u otra, con el claro propósito de que las entidades deportivas puedan acceder a un tratamiento diferenciado del tradicional y, sobre todo, más adecuado a sus necesidades particulares.

La LSED prevé un régimen que inicialmente es contemplativo de la naturaleza jurídica de las entidades deportivas como asociaciones civiles, por lo que en la práctica resulta mucho más “adecuado” y hasta accesible para estas.

Conforme surge de la propia letra de la ley, la aplicación de esta puede ser tanto a opción de la entidad, como de oficio.

Respecto de la posibilidad de elegir, el artículo 6 dispone que “tratándose de entidades deportivas en concursos preventivos, comprendidas en el 1°, las autoridades de las mismas estarán legitimadas para ejercer la opción de continuar el trámite bajo las disposiciones de la presente ley”.

Por otro lado, una de las notas más características de la LSED es la creación de un “fideicomiso de administración con control judicial”, a cargo de un órgano fiduciario, conformado por tres miembros.

En el segundo párrafo del artículo se establece que “dicho órgano deberá estar integrado por un abogado, un contador y un experto en administración deportiva”.

El plazo de duración del fideicomiso es de tres años, los cuales pueden renovarse mediando autorización judicial, hasta un máximo de nueve años (conforme el artículo 22 de la LSED).
Como conclusión, la sanción de la LSED significó para nuestro ordenamiento jurídico una suerte de ampliación de alternativas para las entidades deportivas que se encuentran atravesando circunstancias dificultosas en el desarrollo de sus negocios y actividades.

Claro está, de por sí solo no bastará con su sola aplicación, pero será un auxilio valioso en la tarea común de buscar las mejores soluciones.

Volviendo a los objetivos que la ley persigue y que se expusieron al comienzo de este trabajo, considero un acierto del legislador el intentar armonizar aspectos de tipo económico con factores sociales.

La realidad es que los clubes deportivos en nuestro país nuclean a un número considerable de trabajadores de manera permanente (jugadores, directivos, personal de mantenimiento, etcétera).

A su vez, su naturaleza jurídica de asociación civil conlleva a la constante participación y financiamiento de los socios activos a través del pago de una cuota.

Por último -y quizás el motivo más relevante- la función social que desempeñan estas entidades hacen que trasciendan sus fronteras proyectándose hacia toda la comunidad a la cual pertenecen.

De allí que cada uno de los ciudadanos que nos ocupa y preocupa que mantengan un normal desarrollo de sus funciones, debemos saber cómo canalizar nuestros aportes y esfuerzos para sostenerlas.

Es que se trata, nada más y nada menos, de cumplir con la misión ciudadana esencial, cual es propender al bienestar general por encima de nuestros intereses particulares.

Que asi sea y tanto el Club Loma Negra, como cualquier otra de las muchas y valiosas instituciones deportivas que tenemos en Olavarría, con dirigente idóneos y capacitados para gestionarlas, puedan seguir trabajando por el deporte, la salud, la inserción social y la cultura sin tener que soportar más dificultades que las propias del quehacer diario, ni los riesgos de su desaparición.