30-05-2025
La titular de Adunce, Ludmila Adad, valoró el Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria presentado en el Congreso por actores de la educación superior.
Ludmila Adad, la máxima referente de Adunce en Olavarría, analizó el Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, una iniciativa que busca garantizar la protección, sostenimiento y ampliación de los recursos destinados a las universidades públicas de todo el país.
“Es destacable que en un contexto de lucha por nuestros salarios y por más presupuesto nos hayamos dado instancias de diálogo y construcción para que el proyecto se presente donde hay que hacerlo, en el Congreso” celebró en primera instancia.
“Recordemos -puntualizó Ludmila- que es el Congreso el que crea las universidades, es el que las financia y el que las habilita. Por eso quiero recuperar lo que el Consejo de rectores de la CIN ha expresado oportunamente, al aclarar por qué se debía ir al Congreso, invitando a pensar qué país queremos para el futuro”.
Condensado en doce artículos, el proyecto establece una asignación específica y automática de fondos provenientes de la coparticipación federal, fija metas de incremento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031 y crea un fondo especial para el desarrollo de carreras estratégicas.
“Este nuevo proyecto da cuenta de que la crisis en el sistema universitario -y también científico / tecnológico- sigue vigente y se estima seguirá profundizándose si nuestros representantes no toman conciencia de ello” advirtió Ludmila.
“Pero también da cuenta de que todos los actores de la Universidad Pública y no arancelada seguimos alerta y trabajando de manera colectiva para buscar una solución a lo que, entiendo y sostengo, es el motor del país, es lo que posibilita además que miles de sectores sociales accedan, a través de la formación y profesionalización, a mejores condiciones de vida” proclamó.
La iniciativa también contempla convocatorias regulares a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes, y refuerza el sostenimiento de programas de becas y bienestar estudiantil con el objetivo de garantizar el acceso, la permanencia y la graduación como parte del derecho universal a la educación superior y del reconocimiento de la universidad como bien público.
“Este proyecto enfatiza lo que toda la sociedad argentina debería comprender: la educación -recordó- no es un gasto es una inversión y por tanto debe ser una prioridad, sobre todo en esta coyuntura de crisis económica y financiera”.
La dirigente puso de relieve el prestigio ganado por el sistema universitario argentino a través de tres siglos: “Es único y es referente en muchos países del mundo. Que hoy estemos en un 0,45% del PBI cuando históricamente fue de un 0,80% de inversión, hace imposible que sigamos funcionando”.
“A nuestros políticos hay que recordarles que las problemáticas se resuelven con seriedad, con planificación, con profesionalismo, con análisis y también escuchando a quienes nos hemos formado en distintos campos para ello. El pensamiento mágico no resuelve problemas estructurales y -muchos menos- fuerzas sobrenaturales del más allá” enfatizó Ludmila.
Uno de los aspectos centrales del texto es la creación de una asignación específica de fondos denominada “Proporción Universitaria”, calculada en base al último presupuesto aprobado por el Congreso y aplicada sobre los ingresos nacionales por coparticipación federal.