El Gobierno disolvió Vialidad Nacional

La medida, informada previamente por el vocero Manuel Adorni, se oficializó con su publicación en el Boletín Oficial. También se comunicó el cierre de otros organismos de transporte.

El Gobierno de Javier Milei anunció el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial (ANSV). Todo ese mundo que ahora depende del Ministerio de Transporte.

Según expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la decisión dispondrá la eliminación del organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales. Sus funciones serán traspasadas al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

De acuerdo con esos anuncios, como se dijo, se decidió el fin de Vialidad. Del articulado se desprende que las funciones que hasta ahora tiene el organismo descentralizado serán reasignadas. La medida fue oficializada este martes a la madrugada con su publicación en el Boletín Oficial, mediante el decreto 461/2025 del Poder Ejecutivo.

Las funciones de estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y sus obras complementarias, que son competencia de la DNV, en el nuevo esquema pasarán a la órbita del Ministerio de Economía, que podrá delegarlas a la jurisdicción que considere pertinente. De hecho, en todas las disposiciones que mencionan a la DNV, de ahora en más, se entenderá que se refieren al Ministerio de Economía o a quien éste designe.

Entre los motivos del cierre de Vialidad, en el decreto se menciona una “estructura compleja” con actividades que “no se ajustan a las necesidades actuales de gestión, lo que se refleja en la falta de agilidad en la ejecución de proyectos y altos costos operativos para el Estado Nacional”. El vocero, además, dijo que se termina “un ícono de la corrupción”.

También habla de una desproporción entre recursos materiales, cantidad de agentes, y personal administrativo y jerárquico frente a los dependientes operativos.

Hay un párrafo que formula el camino que seguramente se elegirá en materia vial. “Se observa una diferencia de eficiencia entre la gestión estatal directa y la concesionada en el mantenimiento vial, sugiriendo que la transferencia de funciones al sector privado podría generar ahorros significativos”, dice. Es decir, las rutas serán privadas.

La otra gran función, la fiscalización y el control de las concesiones viales vigentes y futuras, que anteriormente eran parte de las competencias de Vialidad, serán asignadas a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Esta nueva estructura, según este esquema, no es ni más ni menos que el resultado de la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), un ente de control que desaparecerá a manos de esta agencia. La idea del Gobierno es mantener la condición de ente regulador autárquico para “proteger los derechos de los usuarios”. La reorganización, dice el decreto, intenta “optimizar el desempeño técnico, establecer un organismo específico de fiscalización, reforzar los mecanismos de control y garantizar una administración más eficaz y transparente de los recursos públicos”.