Discapacidad: manifestación por el veto presidencial a ley

El documento leído por parte de las acompañantes terapéuticas fue contundente: “No podemos permitir que sólo se atienda a quienes puedan pagar”.

Esta tarde a las 15 alrededor de sesenta personas se convocaron en el Paseo Jesús Mendía para protestar por el veto presidencial a la llamada Ley de Emergencia en Discapacidad.

La manifestación tuvo el impulso de las acompañantes terapéuticas que desarrollan su trabajo junto a las familias de niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

En ese punto de encuentro se propuso la posibilidad de marchar, lo que contó con el apoyo de los presentes.

Los manifestantes recorrieron las calles Vicente López hasta Dorrego y desde allí hasta Rivadavia para culminar en el Palacio San Martín.

Allí se reunieron en ronda y una de las acompañantes, Rocío, dio lectura a un comunicado en el que explicaron por qué se pronunciaron en contra del veto a la iniciativa aprobada por el Congreso.

“Esta ley 24.901 busca garantizar una reforma profunda del sistema de pensiones por discapacidad. Permite a las personas con CUD en contextos socioeconómicos desfavorables acceder a una pensión sin someter a la revictimización de demostrar una incapacidad total para desenvolverse en cualquier ámbito de la vida”, explicó.

“Contempla mejoras fundamentales para los prestadores de servicios y establece un aumento extraordinario que busca recomponer el atraso en los valores arancelarios, profundizados en 2024”, amplió.

“Se incluyen en este reclamo transportistas, maestras de apoyo, acompañantes terapéuticos escolares, domiciliarios, hogares, centros de día, terapias, medicación, sillas de ruedas y todos los apoyos fundamentales de los que dependen niños, niñas y jóvenes y adultos con discapacidad”, precisó.

Respecto al rol como acompañantes terapéuticos, “el veto a esta ley impacta directamente en los tiempos de pago y en los valores por hora, lo que muchas veces nos obliga a abandonar las prestaciones o a sostenerlas según la situación económica de cada familia”, observó.

“Los profesionales de la salud no podemos permitir que solo puedan atenderse quienes puedan pagar. Las obras sociales demoran entre 30 y 60 días en autorizar una prestación y debemos afrontar gastos como el seguro de responsabilidad civil mensual y el monotributo”.

De acuerdo a lo planteado en el documento, también se aclaró que se cobra entre 60 a 90 días de presentada la factura y no se abona en forma retroactiva.

“Los valores más altos por hora alcanzan los 3.800 pesos, las prepagas privadas suelen pagar aún menos o contratan a maestras de educación, psicólogas o psicopedagogas para cubrir funciones de acompañantes terapéuticos, lo que precariza aún más nuestro trabajo, ya que se trata de roles completamente diferentes”, indicó la profesional.

Finalmente, y antes de pedir a la comunidad que les brinde acompañamiento, se planteó: “No contamos con un nomenclador oficial, lo que implica que los valores por hora quedan a criterio de la entidad a la que facturamos. En Argentina, el Sindicato de Acompañantes Terapéuticos, ha estimado que el valor hora debería estar entre 7 y 10 mil pesos”.