29-09-2025

Azul: una "asociación ilícita" que saqueaba y usurpaba bóvedas

La fiscal Serrano, que pidió la elevación a juicio, les atribuye ese delito a dos empleados municipales y a otros dos hombres, uno de los cuales ya había sido condenado por intentar robar placas del cementerio

Señalados como los integrantes de una organización delictiva que cometió diferentes ilícitos en el Cementerio Municipal de Azul, entre los cuales se hace mención en una causa penal a saqueos de bóvedas y desapariciones de cadáveres, una fiscal pidió que tres varones y una mujer sean juzgados.

Los imputados que tiene esta investigación ya concluida son dos hermanos que trabajan como empleados en la comuna local. También, un jubilado y un hombre que había sido condenado meses atrás a una pena única de un año y medio de prisión a cumplir como "coautor" de un intento de robo de placas que se produjo en la necrópolis local en 2022.

A principios de este mes la fiscal Paula Serrano formuló la requisitoria de elevación a juicio del mencionado expediente. Una solicitud sobre la cual ahora debe resolver en una primera instancia el magistrado titular del Juzgado de Garantías 2 Federico Barberena, según lo consignado a El Tiempo por voceros allegados a la tramitación de esta voluminosa causa.

Por una serie de graves episodios ocurridos en el Cementerio Municipal de Azul entre los años 2019 y 2022, en ese sumario la Fiscal a cargo de la UFI 6 les atribuye a los investigados el delito de asociación ilícita y varios más, que incluyen hasta probables defraudaciones en perjuicio de la administración pública.

Algunas de esas situaciones habían sido denunciadas ante la Justicia desde la propia comuna. Y las demás fueron descubriéndose a través de presentaciones formuladas por familiares de fallecidos cuyos restos permanecían en la necrópolis ubicada sobre las calles Sarmiento y Necochea.

Los imputados

Edberto Rodolfo "Papín" Canosa, un olavarriense radicado en Azul que está jubilado y actualmente tiene 69 años de edad, es uno de los imputados.

Lo mismo sucede con un bolivarense que también vive en Azul y se dedica a la construcción, identificado en estas actuaciones penales como Gustavo Alberto Perrone.

De 55 años de edad, ese hombre había sido uno de los dos condenados en un juicio oral cuyo veredicto se anunció en julio del año anterior.

En aquel debate fue declarado "coautor" de un intento de robo de placas sucedido en el Cementerio Municipal de Azul el 22 de marzo de 2022, mismo día en el cual, intervención policial mediante, resultó aprehendido.

Ese fallo para Perrone luego sería ratificado desde la Cámara Penal, a través de una resolución que se diera a conocer en septiembre de 2024.

Pero como todavía no adquirió rango de firmeza lo decidido en esas dos instancias judiciales, la pena única dictada para el hombre oriundo de Bolívar -consistente en la ya mencionada sanción de "un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento"- aún no se ha ejecutado y, por lo tanto, continúa en libertad.

De 54 años de edad, María Leticia Giammátolo es una de las empleadas municipales también investigada por esta serie de ilícitos sucedidos en el cementerio, del mismo modo que un hermano suyo llamado Néstor Antonio Giammátolo.

Apodado "Juan" y de 51 años, a diferencia de su hermana -que de acuerdo con lo informado continúa en el Cementerio Municipal- ese hombre ahora está en el área de Servicios Públicos de la comuna.

Además de que esos tres varones y la mujer figuran acusados del ya mencionado delito de asociación ilícita, a Perrone y al menor de los hermanos Giammátolo la Fiscal que instruyó esta causa los considera "coautores" de fraude en perjuicio de la administración pública (cuatro hechos), usurpación (dos hechos) y hurto, en concurso real.

Canosa afronta cargos por fraude en perjuicio de la administración pública, dos hechos de usurpación, un hurto y una estafa, delitos también considerados desde la Acusación como cometidos por ese hombre "en concurso real de acciones".

En tanto, en el escrito presentado a principios de este mes ante el Juzgado de Garantías 2 la fiscal Paula Serrano pidió que María Leticia Giammátolo sea citada a juicio como la probable autora de fraude en perjuicio de la administración pública y -pero en carácter de "partícipe primaria"- de usurpación (dos hechos). Ilícitos todos que la titular de la UFI 6 concluyó que la imputada cometió también "en concurso real de acciones".

"Asociación ilícita"

Construida sobre una sólida base, a través de versiones de testigos y con varias evidencias más, la hipótesis de la Acusación ubica a los cuatro encausados formando parte de "una asociación ilícita destinada a llevar a cabo distintos hechos delictivos en perjuicio de la administración pública y de particulares" desde el Cementerio Municipal de Azul.

En el marco de dicho accionar, situado como ocurrido desde 2019 hasta marzo de 2022, los hermanos Giammátolo, Canosa y Perrone actuaban "de manera organizada, con división de roles y funciones, llegando a concretar de esa manera diversos ilícitos", puede leerse en la requisitoria de elevación a juicio de esta causa. Una solicitud que la titular de la UFI 6 formulara ante el Juzgado de Garantías 2 el pasado 2 de septiembre.

"María Leticia Giammátolo se valió de su condición de capataz del cementerio para contactar a particulares que solicitaban realizar reducciones de cadáveres y traslados", se menciona en la requisitoria.

Al mismo tiempo, a su hermano esa mujer "había instituido 'de hecho' en la función que a ella le concernía". De esa manera, "Juan" Giammátolo y Perrone "realizaban las tratativas con los titulares de las bóvedas y, a cambio de un precio, las tareas requeridas, completamente por fuera del circuito legal que imponía al solicitante acreditar el vínculo familiar, adjuntar la documentación requerida, suscribir declaración jurada donde se requería la tarea específica, denunciar el lugar de traslado, y en su caso datos de la empresa fúnebre, y abonar las tasas municipales correspondientes por movimientos, traslados y reducciones". Esto último, considerando lo establecido por una Ordenanza de tipo impositiva.

Más irregularidades denunciadas implicaban, "en otras ocasiones", que también participara en estos ilícitos el ya mencionado Canosa.

En su caso -se menciona en las actuaciones penales- ese hombre contaba con "tareas de inteligencia en la Administración" de la necrópolis municipal que le hacía Perrone, con la finalidad de "detectar qué bóvedas tenían deuda y, en virtud de ello, podía presumirse la ausencia de familiares que asistieran al cementerio o pudieran reclamar".

En ese contexto era que "se apoderaban de las mismas, vaciándolas completamente (acciones ejecutadas por Néstor Antonio Giammátolo y Perrone), para luego realizar este último tareas de refacción y, finalmente, disponer patrimonialmente Canosa de la bóveda restaurada y vacía".

La investigación penal desarrollada permitió establecer que en uno de esos casos se llegó a concretar de manera irregular la venta de una bóveda, para lo cual fue necesaria también la "participación de María Leticia Giammátolo", considerando la función que en la época mencionada ejercía en el Cementerio Municipal de Azul.

A modo de conclusión en esa extensa requisitoria de elevación a juicio vinculada con esta causa penal, para fundamentar su pedido de que los cuatro acusados sean juzgados la fiscal Serrano afirmó que "en el caso se observan cumplidos los requisitos típicos previstos para la configuración del delito de asociación ilícita".

"Los imputados -señaló sobre la existencia de dicha figura penal en este caso- formaban parte de un grupo de más de tres personas, quienes mediante la división de tareas previamente establecidas, con planificación y permanencia, tenían como objetivo y se dedicaban a llevar a cabo delitos indeterminados, aunque de similares características, como son el hurto, fraude en perjuicio de la administración pública y estafas hacia terceros y en sus beneficios".

"Nos encontramos con un grupo de empleados municipales, que junto a terceros ajenos, pero que aparentaban ser empleados municipales, tenían como objetivo principal obtener un beneficio económico de la transacción con bóvedas por fuera del circuito legal, así como de disponer de cuerpos y/o elementos ubicados dentro de las mismas sin seguir los carriles administrativos, requiriendo para ello un estipendio, arrogándose permisos o facultades que no poseían ni les habían sido concedidas por excepción, en perjuicio de otros y de la administración municipal, durante un lapso considerable de tiempo", sostuvo también la actual titular de la UFI 6.

El dato

Durante octubre y noviembre del año pasado los acusados habían sido citados a sede judicial para ser indagados. En esas audiencias los tres varones y la mujer declararon, negando los delitos que pesan sobre ellos y por los cuales se formuló semanas atrás la requisitoria de elevación a juicio de esta causa que los involucra.

"Ante la contundencia de las probanzas en su contra, sus dichos no logran conmover en esta etapa la hipótesis construida desde este Ministerio Público Fiscal. Los elementos de convicción colectados demuestran el modus operandi por parte de María Leticia Giammátolo, Néstor Giammátolo, Gustavo Perrone y Edberto Canosa para llevar a cabo su accionar delictivo", afirmó la fiscal Paula Serrano.