15-10-2025
Se trata de los complejos de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Los críticos cuestionan la ausencia de diálogo con las provincias involucradas.
En el marco del proceso de privatización del sector energético impulsado por Javier Milei, el Ministerio de Economía aprobó una nueva circular modificatoria para avanzar con la venta total del paquete accionario de cuatro complejos hidroeléctricos estratégicos: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1569/2025.
La Circular Modificatoria N° 4, que entro en vigencia de forma inmediata, introduce cambios en el Pliego de Bases y Condiciones del concurso N° 504/2-0001-CPU25, lanzado en agosto. Ahora, los nuevos adjudicatarios asumirán la explotación por un período de 30 años. Tendrán la posibilidad de prorrogar ese lapso con la obligación de pagar un canon anual al Estado y cumplir compromisos de mantenimiento y seguridad ambiental.
Qué establece la medida
Estas sociedades fueron conformadas por Energía Argentina (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA) como parte del proceso de reversión de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, con el objetivo de avanzar en la privatización total de ENARSA.
El proceso se enmarca en los decretos 286/2025 y 590/2025, que autorizaron la venta de las acciones mediante un concurso público nacional e internacional sin base.
En agosto, el Ministerio de Economía había lanzado la convocatoria, aprobando el pliego de condiciones y habilitando a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a realizar aclaraciones y modificaciones al documento.
De acuerdo con la resolución publicada este miércoles, la nueva circular incorpora ajustes y precisiones al pliego y sus anexos, en respuesta a consultas realizadas por los interesados en el proceso.
Las críticas de la oposición
Desde sectores opositores y sindicales señalaron que la medida significó un “retroceso en la soberanía energética” y cuestionaron la ausencia de diálogo con las provincias involucradas.
Por el contrario, desde el Gobierno defendieron la decisión al sostener que la participación del capital privado permitirá modernizar la infraestructura, optimizar la eficiencia del sistema y reducir la carga fiscal del Estado.
Con esta disposición, la administración de Javier Milei profundizó su programa de reformas estructurales orientadas a disminuir la intervención estatal en la economía.
En ese marco, el proceso de licitación de las represas del Comahue se perfila como uno de los ejes más sensibles del plan de privatizaciones previsto para 2025.