22-10-2025

Las universidades irán a la justicia por la Ley de Financiamiento

Así lo decidieron los rectores este miércoles en una reunión extraordinaria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Se encuentra suspendida por decisión del Gobierno nacional.

Este miércoles el Plenario de Rectoras y Rectores -incluido Marcelo Aba por la Unicen- del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) donde acordaron por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).

Actualmente la Ley de Financiamiento Universitario se encuentra promulgada pero este miércoles fue suspendida por decisión del Gobierno nacional a través del Decreto 759/2025 con el argumento de que "no hay fuente de financiamiento" luego de ser aprobada originalmente en agosto y ratificada el 2 de octubre.

En el comunicado publicado por el CIN, el presidente Oscar Alpa expresó que “40 años después del primer plenario del Consejo, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”.

“Un decreto no puede suspender una ley”, completó el decano anfitrión, Leandro Vergara, asistente en representación de la UBA.

Asimismo, agregó que la decisión de dejarla en suspenso “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”.

“Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”, advirtió el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.

“Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, cerró.

Además de la acción judicial, las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.