28-10-2025
Con una reconocida trayectoria en derechos humanos y gestión de conflictos, el profesional avanza en el proceso de selección para ocupar la titularidad en el organismo, vacante desde hace años.
Después de más de quince años sin un titular designado por el Congreso, la Defensoría del Pueblo de la Nación podría tener finalmente una conducción formal antes de fin de año. Entre los 38 candidatos que siguen en carrera se encuentra un olavarriense: Alejandro Nató, un reconocido especialista en derechos humanos, gestión de conflictos y cultura de paz, con una extensa trayectoria en el ámbito público y académico.
“Mi vocación siempre fue defender los derechos de las personas”, afirmó Nató, quien desde hace once años integra la Defensoría del Pueblo de la Nación, donde actualmente está a cargo del área de conflictos, especialmente los de carácter socioambiental. “Me dedico a la gestión constructiva de conflictos, a promover el diálogo, la mediación y la búsqueda de soluciones pacíficas”, explicó.
De Olavarría a Buenos Aires: una vida dedicada al servicio público
Nacido en Olavarría, Nató se mudó de muy chico a Buenos Aires, donde cursó sus estudios en la escuela pública y luego en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se graduó como abogado. Mientras estudiaba, trabajó en el fuero Civil y Comercial Federal y se involucró activamente en la vida gremial, llegando a ser Secretario General Adjunto de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) en 1989.
Su recorrido en la función pública es amplio. Fue Jefe de Gabinete de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jefe de Gabinete de la Secretaría de Justicia de la Nación, Secretario Ejecutivo de la Procuración Penitenciaria, y Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires. En el último año de su mandato fue designado Defensor del Pueblo titular, entre 1998 y 2003, experiencia que marcó su rumbo profesional.
“Desde entonces trabajé con todas las defensorías del país y de América Latina. La vocación por lo defensorial me acompaña desde siempre”, resumió.
Un proceso clave para la institucionalidad del país
El actual proceso para designar al Defensor del Pueblo de la Nación es el segundo intento en 15 años. La primera convocatoria fue en 2017, pero no se logró el consenso necesario.
“Ahora somos 38 candidatos de los 76 que nos presentamos inicialmente. Pasamos el primer corte y la semana que viene tendremos una audiencia pública para exponer nuestras propuestas”, detalló Nató.
La Comisión Bicameral encargada de la selección está compuesta por siete diputados y siete senadores, quienes deberán elevar una terna de finalistas al Congreso. Luego, ambas cámaras deberán aprobar la designación con una mayoría de dos tercios, uno de los consensos más difíciles de alcanzar en el sistema institucional argentino.
“Cuesta mucho conseguir acuerdos en una Argentina tan polarizada”, reconoció Nató. “Pero este proceso muestra una voluntad de avanzar, de transparentar y de recuperar la institucionalidad. No tener un Defensor del Pueblo designado durante 15 años refleja una debilidad democrática enorme”.
“La Defensoría es la voz crítica frente al poder”
El postulante a la entidad, remarcó la importancia del organismo: “La Defensoría del Pueblo es la voz crítica del sistema. Controla, recomienda, promueve y defiende derechos. Es el Instituto Nacional de Derechos Humanos reconocido por Naciones Unidas. Su rol es esencial para señalar desigualdades, retrocesos y exigir correcciones”.
También agregó que “la categoría de ese lugar se lo otorgan las Naciones Unidas y uno hace seguimiento de cómo se aplican o no los derechos humanos de la Argentina. En esta etapa uno ve que hay políticas públicas de desigualdad y que hay una regresividad de derechos humanos muy grande”.
“Debería haber una institución que esté marcando estas falencias, estas fallas, esta regresividad, alzando la voz por la voz crítica que tiene el Defensor del Pueblo, ante las autoridades del país, pero también ante los medios de comunicación” explicó Nató.
Explicando sobre su funcionamiento, el abogado detalló que: “El defensor del Pueblo tiene una magistratura de opinión, hace recomendaciones para que determinado tipo de actos, hechos o omisiones del Poder Ejecutivo y al mismo tiempo de la faz administrativa de otros poderes puedan tener una revisión, puedan tener determinado tipo de búsqueda de otra salida a la que buscaron, incluso también tiene una visión dialógica, puede gestar espacios de discusión pública y convocar a mesas de diálogo cuando hay un conflicto”.
Además de su labor institucional, el letrado desarrolla una intensa actividad académica. Es profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, donde dicta Derecho Privado y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y enseña mediación y resolución de conflictos en distintas universidades de América Latina. “Me apasiona enseñar y seguir construyendo una cultura de paz”, señaló.
Optimista sobre el avance del proceso, consideró que el país está ante una oportunidad histórica: “Creo que esta es una gran ocasión para reinstitucionalizar la Argentina. Designar al Defensor del Pueblo significaría fortalecer la calidad de nuestra democracia. Además, subiría un escalón en la defensa de los derechos de todos los argentinos”.