08-02-2026

Entre la ley y la sociedad: debate por la baja de la imputabilidad

Los olavarrienses César García, abogado, y Juan Pablo Matta, antropólogo social e investigador del Conicet, aportan miradas jurídicas y sociales sobre una iniciativa que genera fuertes discusiones.

En los próximos días, el Congreso argentino volverá a poner en discusión un tema tan sensible como polémico: la baja de la edad de imputabilidad penal. El proyecto de ley, que propone modificar el régimen vigente para permitir que adolescentes más jóvenes sean juzgados penalmente, reabre un debate profundo sobre seguridad, derechos, responsabilidad y el rol del Estado frente a la niñez y la adolescencia.

Lejos de tratarse de una cuestión meramente legal, la iniciativa interpela a la sociedad en su conjunto y obliga a preguntarse si el endurecimiento de las penas constituye una respuesta efectiva frente al delito juvenil o si, por el contrario, profundiza desigualdades estructurales ya existentes. En este contexto, la mirada técnica del derecho penal y el análisis social y cultural resultan claves para comprender el alcance real de la propuesta.

La mirada legal

Desde el punto de vista jurídico, el abogado olavarriense César García explicó que el proyecto establece un esquema de responsabilidades diferenciadas según la edad. La iniciativa crea tres franjas: adolescentes de 13 a 14 años, de 14 a 15 y de 15 a 18, con distintos niveles de punibilidad y consecuencias penales.

Según detalló, en el caso de los adolescentes de 14 años no serían punibles por delitos de acción privada ni por aquellos reprimidos con penas que no superen los dos años de prisión, o que contemplen únicamente multa o inhabilitación. En cambio, para quienes tengan entre 15 y 18 años y cometan delitos cuya pena máxima en abstracto sea igual o superior a los 15 años, el régimen prevé la aplicación de medidas de coerción, seguridad y pena similares a las de los adultos, con la excepción del lugar de alojamiento.

Para García, la modificación de la edad de imputabilidad implicará un proceso de adecuación para el sistema judicial de cada provincia. “Mudar del sistema antiguo, donde la edad de imputación era de 16 años, a uno que baja a 14, será una tarea del Poder Judicial y de los abogados que ejercen el derecho penal”, señaló.

En relación con los delitos graves cometidos por menores, el abogado remarcó que el proyecto endurece el tratamiento penal y restringe los márgenes de impunidad. En ese sentido, aclaró que los adolescentes que cometan delitos de extrema gravedad “serán juzgados como mayores, aunque cumplirán las penas en establecimientos distintos a los de adultos”.

Consultado sobre las críticas de organismos defensores de los derechos de niños y adolescentes, García sostuvo que muchos de estos cuestionamientos parten de la idea de que el sistema penal es selectivo y castiga principalmente a jóvenes pobres y con escaso acceso a la educación. Sin embargo, aclaró que la defensa penal no implica justificar el delito, sino garantizar derechos. “Si una persona, sea mayor o menor de edad, comete un delito, debe ser responsable por ese hecho”, afirmó.

No obstante, marcó un límite claro entre el castigo penal y la reinserción social. Para el abogado, la baja de la imputabilidad y el agravamiento de las penas no generan, por sí solos, mejores condiciones para la reinserción de los jóvenes. “La amenaza y la represión no rescatan a nadie del delito”, sostuvo, y subrayó la necesidad de políticas públicas integrales que aborden las problemáticas sociales, familiares y educativas.

Como ejemplo, mencionó situaciones de extrema vulnerabilidad social presentes en Olavarría, donde niños y adolescentes crecen en contextos atravesados por la violencia, las adicciones y la ausencia del Estado. “Si queremos adultos sanos y responsables, hay que educar y acompañar a las personas menores de 18 años. Si no lo hacen los padres, deben hacerlo la sociedad y sus instituciones”, remarcó.

En ese sentido, García indicó que la participación de menores en hechos delictivos representa apenas el 2,2 % del total de los delitos denunciados, un dato que, a su entender, expone los límites reales del proyecto. “El cambio propuesto se queda corto en las ambiciones que debería tener el Estado y genera un impacto más publicitario, con un mensaje represivo y amenazante”, sostuvo.

Sin embargo, el abogado reconoció la legitimidad del reclamo de las víctimas y sus familias. “Pararse en la vereda de un familiar de una víctima que ve cómo el autor del delito pasa un día en la comisaría y luego vuelve a la calle es indignante”, afirmó, y advirtió que esa sensación de impunidad no puede ser desoída por el sistema judicial.

Por eso, aunque no se manifiesta en contra de la baja de la imputabilidad, García considera que la iniciativa resulta insuficiente si no se acompaña de políticas públicas profundas. “Sin programas intensivos que permitan identificar a los adolescentes en riesgo, el consumo problemático y los contextos familiares, la ley termina siendo una respuesta para el aplauso, pero no una solución real”, concluyó.

La mirada social

Desde una perspectiva antropológica, el antropólogo social olavarriense Juan Pablo Matta, Investigador Adjunto del Conicet y director del Núcleo de Estudios en Antropología Jurídica de la Universidad Nacional del Centro (NEAJ-UNICEN), advierte que el debate por la baja de la edad de imputabilidad excede largamente el plano jurídico y requiere ser analizado en su complejidad social, cultural y política.

Matta sostiene que en la discusión pública suelen confundirse tres planos distintos: el problema -la violencia y el delito-, el fenómeno social que los produce y la solución que propone el Estado. En ese marco, asociar de manera directa la baja de la edad de imputabilidad con la reducción del delito constituye, a su entender, una simplificación peligrosa. “No existe evidencia empírica sólida que permita afirmar que reducir la edad de imputabilidad tenga un impacto significativo en la disminución del crimen”, explicó.

Desde su mirada, el delito no puede entenderse como un hecho individual aislado, sino como un fenómeno social y cultural complejo, estrechamente vinculado a contextos materiales, económicos y simbólicos específicos. En ese sentido, cuestionó la asociación mecánica entre pobreza y delincuencia y planteó que la pregunta central no debería ser únicamente a qué edad castigar, sino qué tipo de sociedad produce determinadas violencias y qué políticas públicas podrían prevenirlas.

El antropólogo también puso el foco en las condiciones reales del sistema penal argentino. Pensar a la cárcel como política central de seguridad implica, según advirtió, desconocer un escenario marcado por la superpoblación, el deterioro de las condiciones de detención y procesos judiciales selectivos y lentos. “Bajar la edad de imputabilidad implicaría trasladar esos mismos problemas estructurales a una población aún más joven”, sostuvo.

En clave histórica, Matta recordó que estas iniciativas reaparecen cíclicamente en contextos políticos específicos. En 1980, durante la última dictadura militar, la imputabilidad se fijó en los 14 años, mientras que con el retorno de la democracia, en 1983, se elevó a los 16. El debate volvió a instalarse en 2004, durante el impulso de las llamadas “leyes Blumberg”.

Finalmente, subrayó que el endurecimiento punitivo no es la única alternativa frente a los delitos cometidos por jóvenes. Existen modelos de justicia juvenil que priorizan la reparación del daño, la mediación, el acompañamiento socioeducativo y la reintegración comunitaria, reservando el encarcelamiento como un recurso extremo. Estos enfoques, concluyó, permiten intervenir sin profundizar la vulneración de derechos ni reforzar dinámicas de exclusión y violencia institucional.