La información que ventiló el juicio civil de El Popular

La participación del ex intendente Galli en las negociaciones; el pago irrisorio cuando finalmente se formalizó la venta. El rol de otros actores. Este proceso judicial comenzó la semana pasada.

Las primeras jornadas del juicio civil por la quiebra del Multimedios El Popular reveló algunos datos poco conocidos hasta entonces acerca del colapso del centenario medio que marcó una época en el periodismo de Olavarría y la región.

El juicio se tramita en el Juzgado Civil y Comercial N.º 2 de Olavarría, a cargo de la jueza María Hilda Galdós. La acción fue iniciada por la síndica Gabriela Weisburd en el marco de la quiebra del histórico diario.

El objetivo de este tipo de acción es investigar posibles maniobras que hayan afectado el patrimonio de la empresa antes de la quiebra y eventualmente recomponer esos bienes para el proceso falencial.

De los testimonios y absoluciones de posiciones surgió una coincidencia general, que no responde exactamente a la realidad, acerca de que desde la pandemia el diario comenzó a atravesar problemas económicos por caída de ingresos y dificultades financieras.

Del juicio deriva que esto apareció como el contexto previo a la decisión de vender el medio. Según declaró Julio Pagano, uno de los directores del multimedios, la familia propietaria también le ofreció la empresa al intendente de Olavarría, Ezequiel Galli antes de concretarse otras operaciones.

El primer comprador mencionado fue Carlos Orifici (fallecido a sólo un par de días de tomar el control del medio).

Un segundo actor apareció luego en escena, el polémico empresario Lucas Torres. De los testimonios se pudo establecer que las operaciones se realizaron con celeridad y, según el tono de varias declaraciones, con cierto nivel de informalidad, pese a tratarse de un medio histórico de la provincia.

También se confirmó que el valor total de la operación fue de 250.000 dólares y sobre la modalidad de pago Lucas Torres mencionó que una parte se realizó con lotes provenientes de un fideicomiso (el cuestionado proyecto “Palmares”), aunque no se identificó el nombre del fideicomiso en la declaración.

Por su parte Cecilia Botta (integrante del directorio del desaparecido multimedios) también certificó la realización del pago de una parte de operación con lotes dentro.

Luego apareció en el centro del debate el abogado Julio Alem, en su rol de asesor en distintas instancias de las operaciones.

Según los relatos, habría asesorado a Carlos Orifici; también aparece vinculado a la operación de Lucas Torres e históricamente con El Popular, de lo que se desprende una situación de cruce de intereses, aunque varios declarantes remarcaron que confiaban en él y por eso acudían a su asesoramiento.

Por parte de la Municipalidad declaró Juan Dambolena, quien se presentó como quien negociaba la pauta de la Municipalidad, aunque afirmó que no recordaba los montos de dichas pautas.

Todos los actores que pasaron por el estadio coincidieron en la participación en este proceso de Pablo Viana, diputado uruguayo del Partido Nacional y con una periodista de Radio Rivadavia Alejandra Gallo.