Amenazas en escuelas: habló el fiscal Marcelo Sobrino

Detalló que investigan entre 15 y 20 causas. Analizó la posibilidad de actualizar leyes que sancionan delitos vinculados con plataformas tecnológicas.

El fiscal general del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Sobrino, brindó una nota a Verte y se refirió a las medidas adoptadas por la Justicia en relación a la ola de amenazas violentas en escuelas secundarias.

“El fenómeno, por lo que vemos hasta el momento, nace de una especie de reto viral de las redes, por eso lo primero de todo es transmitirle a los padres que se acerquen a sus hijos”, planteó.

“La responsabilidad familiar particular es de quienes están a cargo de los menores, por lo que hemos detectado, las edades van entre los 10 y los 13 años”, marcó.

“Son chicos preadolescentes o adolescentes. Hasta ahora, dentro de lo que vemos en el Departamento Judicial, tenemos alrededor de entre 15 y 20 causas. Muchas han llegado directamente a las fiscalías de mayores que estaban en turno y luego cuando se determina la participación de algún menor se deriva a la Fiscalía Penal Juvenil. Lo que ha ocurrido es que dentro de algunas escuelas se encontraron escritos incitando a algún hecho violento”, detalló.

“Las autoridades educativas tomaron nota de la situación, hicieron un acta desde el punto de vista administrativo, empezaron a trabajar con los alumnos y docentes, desde la institución y derivaron a las fiscalías la situación” siguió.

“Cuando la institución lo solicitó, lo que hicimos a través de las fiscalías fue hablar con la policía y pedir que estuvieran alrededor de la escuela. En algunas ingresaron, de civil y sin arma, para verificar la situación. Eso ocurrió solo en los lugares que las autoridades solicitaron”, aclaró.

El fiscal consideró que “esto es un hecho grave, en realidad son varios hechos pero que confluyen a través de la derivación de un reto viral que se hace por TikTok u otra plataformas”.

“En otros países ya han aplicado algún tipo de freno en la utilización de determinadas redes y se aplican filtros por parte del Estado por el tipo de consecuencias que puede traer la interacción de los menores en las redes”, consideró.

“Es importante porque las consecuencias pueden ser desastrosas.Vuelvo a reiterar la importancia de que los padres tomen la responsabilidad y charlen con sus hijos para que sepan la preocupación que tiene toda la sociedad al respecto” y advirtió: “También hay que tener en cuenta la posible derivación de las causas hacia los padres, porque aún cuando no está previsto desde el punto de vista penal que los padres sean responsables, viendo el orden jurídico en general, sí podría el Estado, por todos los costos y gastos que tienen, determinar que asuman su responsabilidad. Es como que el hijo, digamos, se lleva el auto del padre y choca a alguien. Los padres van a ser responsables de esto”, graficó.

Sobre lo que también llamó la atención el fiscal es la derivación que puede tener este tipo de situaciones. “Se está trabajando en todo el Departamento Judicial, a su vez también está trabajando la Procuración General para determinar a nivel provincial, porque esto ha ocurrido en toda la Provincia, no solamente en Azul, Olavarría, Laprida, Las Flores, sino que ha ocurrido en toda la Provincia. Se está determinando el origen porque podría ser una causa que derive a terrorismo y tenga que ser declinada la Justicia Federal”, admitió.

En la mayoría de los casos los involucrados en las amenazas son menores. Lo que se ha podido hacer es, con anuencia, incautar los teléfonos de los menores para abrirlos y ver qué había ahí adentro y establecer de dónde viene para seguir la investigación y ver si se puede llegar al autor ideológico, que puede llegar a ser por supuesto una persona mayor de edad”.

“El delito, vamos a aclarar, el delito existe, no es que porque son menores el delito no existe, los hechos existen, es un hecho típico que puede derivar en un delito mayor aún, en este caso de terrorismo y hay que ver la participación”, detalló.

“En las causas que se ha podido determinar quiénes eran los menores, son inimputables, con respecto a ellos no hay una legislación que permita la persecución. Ni siquiera con la nueva ley que recién se aplica 180 días después de la sanción, porque en estos casos estamos hablando de menores de 10 a 13 años, así que ni siquiera ingresarían, pero sí el autor ideológico que puede haber llevado a estas acciones de los menores”.

El fiscal comentó que no solamente en los casos de los que intervinieron, sino también en todas las casas, “es importante generar charlas intrafamiliares sobre las consecuencias que pueden llevar este tipo de situaciones que no son un chiste”.

“Este tipo de ‘chistes’, entre comillas, trae aparejado consecuencias gravísimas. Y a su vez nos tiene que hacer reflexionar a nosotros como sociedad respecto de estos mecanismos.
Son temáticas que nos tocan como sociedad y tenemos una fiscalía de cibercrimen, estamos detrás del tema hace tiempo, pero no alcanza, creo que todas las instituciones debemos tener en cuenta la intervención de la inteligencia artificial generativa”.

También consideró que sería importante que las autoridades de otros poderes del Estado impulsen cambios en la legislación sobre estos temas, ya que estimó que ha quedado antigua.

“En lo que nos toca a nosotros, el año pasado dicté una resolución para formar a toda la gente del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial en este tipo de materia vinculada con la seguridad virtual, con el procesamiento de la prueba, a través de los medios tecnológicos que nos acercan a la prueba. Hay que tener en cuenta que no todo aporte es válido por sí mismo. Tiene que haber una seguridad, originalidad y trazabilidad de la prueba”, concluyó.