Discapacidad: qué dice el nuevo proyecto de ley

La abogada Constanza Díaz Baudry analizó la iniciativa presentada por el oficialismo. Advirtió que se contempla “la incompatibilidad absoluta de una pensión con un trabajo”.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que modifica la normativa de discapacidad bajo el lema "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez". Ese proyecto deberá atravesar el tratamiento parlamentario y tiene varias aristas para analizar y podrían tener un impacto directo sobre la vida de las personas con discapacidad y el conjunto de prestadores que los asisten, tanto del ámbito educativo como médico y asistencial en general.

En diálogo con Verte, la abogada Constanza Díaz Baudry señaló: “El control del fraude está medio camuflado, si bien eso es importante, debajo hay un montón de otras cuestiones”.

Detalló que el tema del nomenclador es importante, pero “la incompatibilidad con el trabajo viene a modificar la vida completamente de las personas que cobran las pensiones por discapacidad”.

“Lo primero que se habla del proyecto es un reempadronamiento obligatorio, que tiene como finalidad que en un futuro haya auditorías periódicas y se pueda controlar lo que los autores del proyecto llaman “el fraude de las pensiones”.

“Se estuvo debatiendo la Ley de Emergencia en Discapacidad que estuvo también en los medios y después de una lucha se logró que sea ley. Eso fue en febrero, estamos en abril y seguimos debatiendo derechos ya adquiridos, cuantas veces vamos a debatir sobre derechos adquiridos, cuántas veces vamos a debatir sobre lo mismo cuando estamos hablando de un grupo vulnerable”, planteó.

La abogada, que tramita en estos días un amparo para conseguir que el estado nacional otorgue una pensión por invalidez, advirtió que esta nueva norma podría vulnerar derechos al quitar la posibilidad de que las personas con discapacidad trabajen. “Me refiero a las prestaciones básicas, al derecho a la alimentación, al derecho a tener un trabajo y a una vida digna”, enumeró.

“Este proyecto plantea la incompatibilidad absoluta con un trabajo, propone que quienes tengan un trabajo formal no puedan acceder al beneficio o perderán el beneficio de la pensión por invalidez”, siguió.

“La verdad es que en la actualidad hay personas que cobran el beneficio y pueden acceder al trabajo formal. Es más, se han dado incentivos a empleadores para que contraten personas que cobran la pensión, en la actualidad no hay incompatibilidad”, apuntó.

“No solo afecta a las personas con discapacidad sino también a quienes brindan los servicios básicos para que esas personas puedan transitar con dignidad”, marcó.

“No está mal que se controle el fraude, es un derecho y una obligación controlarlo, pero también es obligación del estado de otorgar la pensión por invalidez y de dar un acceso”. remarcó.

La abogada aportó un dato que no puede soslayarse. En su peregrinar por distintas oficinas para lograr que una mujer acceda a una pensión por invalidez, desde organismos oficiales le advirtieron que desde hace dos años que en Olavarría no se otorga una pensión de esas características.

Quiere decir, explicó, que aún habiendo obtenido el Certificado Único de Discapacidad (CUD), esas personas no tienen el acceso a la pensión, tal como indica la normativa.

“Las pensiones garantizan derechos fundamentales. Es importante poner el foco en el fraude, pero no puede ser el único foco, no puede ser que hace dos años no se estén otorgando pensiones por invalidez”, cerró.