10-08-2026
Desde que asumió la administración de Javier Milei, el Ejecutivo subejecutó la mayor parte de la recaudación para obras viales en la colocación de bonos: 1,3 billones de pesos.
Cada vez que un olavarriense ingresa a la playa de una estación de servicio, abre la puertita del tanque de nafta y paga por el combustible ingresado en su vehículo un porcentaje que corresponde al Impuesto a los Combustibles Líquidos debería tener un destino inexorable: el mantenimiento de las rutas del país.
Según datos aproximados, en mes de julio se habría recaudado unos 1.000 millones de pesos en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el del Dióxido de Carbonizador en las estaciones de servicio del partido que llegaron a las arcas del Tesoro Nacional.
No es lo que está sucediendo bajo esta administración. El Gobierno nacional mantenía a fines de mayo pasado más de $ 1,3 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos recaudado por la tasa de ICL que debió haber sido destinado a la mejora de la red vial nacional.
Creado el “Sistema Vial Integrado” (SisVial) por el decreto 976/01, capta una porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos con un objetivo legal específico: sí y sólo si financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial.
El fideicomiso fue una exigencia del Banco Mundial para aprobar un préstamo a la Argentina, precisamente para evitar que la recaudación del impuesto a los combustibles terminara financiando gastos corrientes, como venía ocurriendo cuando la administraba Vialidad Nacional.
El resultado está a la vista: pese a un importante proceso de acumulación, por la subejecución las rutas están cada vez más deterioradas.
Desde el cambio de gestión, en diciembre de 2023, la recaudación de este tributo con destino específico a Vialidad trepó a $2.036.243,7 millones, equivalentes a $2,04 billones. Pese a ello, el gasto total devengado por Vialidad Nacional bajo todo concepto, es decir, sumando el financiamiento del Tesoro, los créditos externos y los recursos propios, alcanzó los $1.973.658,1 millones ($1,97 billones).
De los fondos específicos del ICL que debía recibir, la DNV utilizó efectivamente solo el 33%, equivalente a $676.999 millones. El resto fue retenido para engrosar el saldo fiscal.
Como dato complementario, desde el inicio de la administración que encabeza Javier Milei el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) pasó de representar el 8,9% del precio de venta al público en noviembre de 2023 al 18,6% en julio de este año.
Los recursos siempre estuvieron para el mantenimiento de las rutas de todo el país y no fueron afectados por una decisión de política fiscal: utilizar ingresos con asignación específica para consolidar el superávit financiero del sector público nacional y postergar la inversión en infraestructura básica.