“La alternativa al ciberdelito no es el apagón digital”

Distintos sectores de la Unicen cuestionaron el proyecto que busca prohibir los celulares en las cárceles. Consideran que se trata de una “lectura simplista” que podría ser contraproducente.

“Cárceles conectadas o cárceles a ciegas: el peligro de combatir el ciberdelito con slogans” se titula el comunicado difundido por distintos sectores de la Unicen en respuesta al informe presentado por el Auxiliar Fiscal Federal de Azul, Lucas Moyano, relacionado con la prohibición del uso de telefonía celular con conexión a internet en el ámbito del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires.

El documento fue elaborado por el Núcleo de Estudios sobre Sociedad, Acceso a Derechos y Cárceles (ESADyC-UNICEN), el Programa de Educación en Contextos de Encierro (PECE-FACSO), la secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas, el Proyecto Arte en Cárceles de la Facultad de Arte y la cátedra Derecho Penal de la Facultad de Derecho.

En el mismo, sus autores presentaron una postura crítica frente a la propuesta de prohibir el acceso a internet y teléfonos y argumentaron que estas medidas punitivas son contraproducentes, ya que eliminarían la trazabilidad de los dispositivos actuales y fomentarían un mercado negro clandestino e incontrolable.

“Detrás de este efectismo punitivo se esconde una lectura simplista que no solo incurre en graves contradicciones procesales y constitucionales, sino que desconoce de manera alarmante la realidad material de nuestro sistema penitenciario y el impacto positivo que la inclusión digital genera en la reducción de la violencia” manifestaron al respecto.

A su vez sostuvieron, en base a datos estadísticos, que un porcentaje ínfimo de dispositivos móviles usados dentro de las unidades penales están vinculados al cibercrimen, y destacaron que la conectividad es una herramienta esencial para la educación superior.

“Es importante aclarar que la incidencia de ciberdelitos cometidos desde teléfonos ubicados en cárceles es notoriamente baja en relación a la cantidad de personas privadas de libertad que hacen uso del servicio telefonía celular. Según los datos relevados por la Comisión Provincial por la Memoria, menos del 1% de los celulares registrados para el uso de personas detenidas se han visto involucrados en investigaciones penales relacionadas con ciberdelitos. Ello demuestra que la pretensión prohibitiva esconde argumentos que violentan los principios de igualdad y no discriminación” señalaron en el comunicado.

Por otro lado, recordaron que la normativa actual exige el empadronamiento obligatorio del titular, la tarjeta SIM y el código IMEI de cada aparato. En este contexto, “retirar este marco regulatorio no eliminará los teléfonos de los pabellones; simplemente destruirá el registro oficial de la autoridad penitenciaria y empujará la totalidad de la telefonía hacia el mercado negro y la clandestinidad”.

“A ello se suma la falsa promesa de los inhibidores tecnológicos de señal, un recurso publicitado como definitivo que en la práctica genera severos perjuicios colaterales. Dichos bloqueos de frecuencia suelen interferir con el derecho a la comunicación de las poblaciones civiles que habitan en los perímetros urbanos aledaños a las cárceles” añadieron.

En otro pasaje del comunicado, los espacios institucionales firmantes recordaron que la Unicen cuenta con programas de contexto de encierro, y a través de ellos se ha podido comprobar que “el teléfono celular registrado no ha sido un “privilegio” o un “objeto accesorio”, sino la condición de posibilidad para que el derecho a la educación superior no sea una ficción de papel”.

“A través de sus dispositivos, las personas privadas de su libertad no solo leen bibliografía y envían trabajos prácticos, sino que en un 84% de los casos utilizan sus propios datos móviles para proveer conectividad Wi-Fi a las escasas computadoras de las aulas. Cerca del 70% de las personas privadas de la libertad que estudian aseguran que sin el celular no podrían sostener sus carreras universitarias” expusieron al respecto.

El pedido de un “diagnóstico serio”

La comunidad universitaria que conoce de la materia consideró que “aislar tecnológicamente a una persona en el siglo XXI no la resocializa; por el contrario, profundiza su marginación y le resta las competencias digitales mínimas para su futura reinserción sociolaboral, aumentando los riesgos de reincidencia”.

En este marco, aseguraron, “la verdadera seguridad pública no se construye convirtiendo a las prisiones en depósitos de desconexión y opacidad” sino que, por el contrario es necesario fomentar “acciones positivas que permitan democratizar y transparentar los espacios carcelarios”.

“La alternativa al ciberdelito no es el apagón digital que arrastra la educación y los derechos de cientos de estudiantes, sino una gobernanza digital inteligente que persiga la corrupción interna, audite de forma rigurosa los padrones de dispositivos y entienda que la proyección de derechos dentro del encierro es la única vía sostenible para pacificar nuestras cárceles y garantizar la paz social afuera de ellas. Asumir los problemas públicos debe tener como correlato un diagnóstico serio, el diseño de estrategias de intervención que asuman la complejidad territorial y la materialización de propuestas que permitan la transparencia institucional” concluyó el comunicado.