Causa Terrenos recargada: la fiscal Serrano derivó la investigación, que ya apunta a una asociación ilícita

Consideró partícipes al asesor municipal Mariano Ciancio, a Peralta y dos policías, los cuatro acusados hasta el momento por las estafas. Advirtió un “entramado complejo”. Pasa a Delitos Especiales.

Una resolución de las últimas horas de la UFI 4 arrojó trascendentes novedades sobre la “Causa Terrenos”: la fiscal Paula Serrano se declaró incompetente tras determinar la participación necesaria de al menos tres funcionarios en las estafas y, si bien aún no fueron procesados, pasó las actuaciones al fiscal de Delitos especiales y Violencia Institucional, Ignacio Calonje, para que investigue una "asociación ilícita", que podría involucrar todavía a más personas.

La resolución de Serrano apunta explícitamente a la participación de los cuatro involucrados hasta el momento en la venta ilegal de terrenos: el "puntero" de Juntos Claudio Peralta, el asesor del Ejecutivo municipal, Mariano Ciancio, y los policías Leonardo Sampaoli y Néstor Loiza.

Estiman que se realizaron cerca de 200 loteos truchos y hay más de 60 estafados en la causa.

La causa se caratuló en principio como “Estafas reiteradas” pero no se descartaba cambiarla a “asociación ilícita”, debido a la posibilidad de que existan más funcionarios municipales involucrados. Esto también implicaba el traslado de la investigación a la fiscalía especializada.

La fiscal Paula Serrano derivó la Causa Terrenos a la Fiscalía de Delitos complejos.

En sus últimas declaraciones públicas Claudio Peralta, uno de los principales denunciados, afirmó que su rol era de “presta firma” y que los autores intelectuales eran Mariano Ciancio (asesor municipal), Diego Robbiani (Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida) y un ex funcionario y socio del jefe comunal.

Ciancio, ¿casualmente?, rompió el silencio hace pocos días y lanzó frases que ahora toman mayor dimensión. "Si hubo ventas ilegales de terrenos, no tuve nada que ver" dijo y reveló: “Con Galli estamos confiados y tranquilos, sabemos de qué se trata esto. Hablamos como dos amigos, intercambiamos mensajes. Al principio tuvimos charlas, un montón de encuentros pero luego ya no hay mucho que hablar. Siempre me ha apoyado, nos hemos hecho amigos y me respaldó siempre, y yo, a él”.

Desde que se radicó la denuncia, la titular de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Azul citó a varios de los damnificados y testigos para tomarles declaración testimonial, pero en ningún momento llamó a declarar a los acusados de cometer la estafas con terrenos que le dieron forma a una de las causas más grandes de corrupción que sacude a la actual gestión municipal de Olavarría.

Los teléfonos, el informe del Concejo y un “entramado complejo”

Los informes de las pericias a los teléfonos secuestrados en los allanamientos y el informe realizado por la Comisión Especial del Concejo Deliberante, también fueron fundamentales en la resolución de la fiscal para remitir la causa a Delitos complejos.

En este sentido Serrano consideró: “Si bien están en curso aún pericias sobre los teléfonos secuestrados (respecto al VAIC e INTRAVAIC ordenados para entrecruzar llamados), es dable mencionar también la circunstancia de que hay aparatos que no se pudieron abrir para su análisis como resulta el caso de Mariano Ciancio, a quien se le secuestró un teléfono marca Iphone, del que aportó un patrón de bloqueo erróneo que no permitió su apertura por el momento”.

Un fragmento de la resolución judicial.

La fiscal expuso que “es evidente que Mariano Ciancio, en virtud de su cargo de Asesor del poder ejecutivo local, tenía acceso a información que sólo podía estar en Organismos Públicos -como ser el Municipio de Olavarría- por tratarse de información sensible atinente al estado de los inmuebles que se encuentra protegida por el secreto fiscal ( por ejemplo, deudas de tasas e impuestos, estado del inmueble), a lo que se aduna su experiencia previa como “datero inmobiliario” según lo documentado en el Expediente N° 2022-000004-148016 informe realizado por la Comisión Especial del Concejo Deliberante”.

Asimismo advirtió “evidente el aprovechamiento de las necesidades sociales de los distintos barrios, pudiendo evaluar a quién realizar el ofertorio ilícito sin riesgo de ser denunciado en virtud de la vulnerabilidad y desconocimiento legal de las presuntas víctimas, lo que se verifica también en el caso de Claudio Peralta por ser referente del barrio Hipólito Yrigoyen de Olavarría, circunstancias que han coadyuvado al perfeccionamiento de las maniobras defraudatorias, lo que a criterio de la Suscripta demuestra la existencia de un entramado complejo que involucra tanto funcionarios policiales, como al ex Asesor Ciancio, y personal de la oficina de Catastro, que deberá profundizarse por la Fiscalía Especializada en Delitos complejos y Violencia Institucional -UFI 24-”.

¿Qué es y qué pena tiene una asociación ilícita?

La asociación ilícita es un delito contra el orden público que se concreta cuando una persona toma parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos.

Asimismo, se requiere que exista un mínimo de cohesión interna dentro del grupo y que aun cuando no haya subordinación, se cuente con ciertas reglas que permitan formar la “voluntad social”.

El delito se consuma desde que se busca una finalidad ya inicialmente delictiva, no cuando en el desenvolvimiento societario se cometen determinadas infracciones; ni siquiera se requiere que se haya iniciado la fase ejecutiva del mismo.

La pena prevé prisión o reclusión de 3 a 10 años para quienes tomen parte en la banda delictiva por el solo hecho de ser miembros de esa asociación.