24-07-2026
Por decisión del Ejecutivo municipal no se promoverá el convenio urbanístico. Los trámites de habilitación habían comenzado en la gestión anterior, en noviembre de 2023.
A través de un decreto municipal, la administración encabezada por Wesner decidió no promover la aprobación del convenio urbanístico denominado “Palmares” y dejar sin efecto la serie de trámites administrativos que lo respaldaban.
La decisión está motivada en un conjunto de irregularidades que pesan sobre ese proyecto de desarrollo que comprendía 800 lotes con servicios emplazados en la zona sureste de la Ciudad, en cercanías del country Sauveterre.
Las irregularidades ya habían sido advertidas por el Concejo Deliberante, que tras analizar el expediente decidió remitirlo al Ejecutivo para que se anexara documentación respaldatoria de las operaciones de compra venta realizadas.
La medida de frenar definitivamente este proyecto se respalda en un dictamen emitido por el área de Legales de la Comuna en el que se precisa que “ha dejado de reunir las condiciones jurídicas, urbanísticas y materiales que dieron sustento a la tramitación bajo el programa de Lotes con Servicios de la ley provincial 14.449”.
Se detalla en ese documento que quedó comprobado que los responsables del proyecto -nucleados en un fideicomiso- habían vendido parcelas a los interesados con anterioridad a la aprobación municipal y provincial y sin tener estado parcelario definido para cada operación inmobiliaria. Esas operaciones datan del año 2022.
Se agrega que se detectaron numerosos casos de personas que habían adquirido dos, tres, cuatro, cinco o más lotes, cuando la ley de Hábitat -marco normativo de este proyecto- estipula que cada terreno debe tener como finalidad la vivienda única familiar y de ocupación permanente.
El dictamen revela también que con fecha 10 de agosto de 2023 se recibió en el Municipio una carta documento remitida por dos personas que luego integraron el llamado “Fideicomiso Palmares” mediante la cual denunciaron maniobras irregulares vinculadas con la comercialización de parcelas y la disposición de los inmuebles involucrados en el emprendimiento.
Este documento, que demuestra al menos desacuerdos entre los integrantes de la sociedad, no impidió que luego se constituyera el fideicomiso que aparece como respaldo en la firma del convenio urbanístico que se concretó el 24 de noviembre de 2023 entre el Palmares y la Municipalidad de Olavarría.
Luego de dos semanas, con fecha 7 de diciembre de 2023 el expediente ingresó al Concejo Deliberante para su estudio y eventual aprobación. Eran los últimos días de la gestión del intendente Ezequiel Galli.
Dos años y medio después de ese acto, en la recomendación que el área de Legales eleva al actual mandatario comunal se precisa que la Dirección Provincial de Producción de Hábitat, con fecha 19 de mayo de 2026, también “tomó conocimiento de las irregularidades denunciadas, de la existencia de compradores múltiples, de los conflictos vinculados al dominio y posesión de los inmuebles y de la comercialización de lotes sin aprobación previa” y concluyó que correspondía “suspender los efectos del convenio urbanístico hasta tanto se esclarezcan las controversias existentes respecto de la disponibilidad jurídica de los inmuebles”.
Se agrega además que hay una denuncia penal impulsada por el Municipio para que se investiguen irregularidades “en resguardo del interés público y de los derechos de los terceros eventualmente afectados”.
El análisis de todas estas circunstancias derivó en la recomendación de no convalidar el convenio por haber dejado de reunir “las condiciones jurídicas, urbanísticas y materiales que dieron sustento a su tramitación bajo la ley provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat”.
Con firma del intendente Wesner y la jefa de gabinete Landívar, el decreto fue emitido el 30 de junio pasado.
¿Problemas entre privados?
Uno de los interrogantes que resta responder es qué acciones tomarán aquellas personas que confiaron en este desarrollo inmobiliario y pagaron 2 mil dólares por un lote al cual no accederán.
Se calcula que en total fueron 40 compradores, pero varios de ellos optaron por varias parcelas, lo que seguramente los llevó a desembolsar más que esa suma.
Este mismo viernes, desde el Municipio citaron a esas personas y les comunicaron la decisión adoptada, así como las razones que la motivaron.
Del mismo modo que lo hizo la Comuna, les queda la posibilidad de iniciar acciones legales y apuntar a los responsables por haberlos engañado y estafado en su buena fe.
La firma del convenio urbanístico entre el fideicomiso y el Municipio en noviembre de 2023 seguramente ilusionó a los inversionistas.
Más allá de la decisión que tomen, la Justicia tiene ya aspectos para investigar a partir de lo denunciado por el Ejecutivo en los primeros meses de este año.
Con intervención de la fiscal Mariela Viceconte la acción interpuesta pide que se investiguen posibles irregularidades en las ventas de lotes, ya que se considera que aunque se trate de “problemas entre privados” la urbanización de cada municipio es un asunto de interés público y es potestad de las autoridades intervenir cuando se observa que no se están cumpliendo las leyes y disposiciones vigentes.